miércoles, 22 de enero de 2014

Análisis: Compras por internet e impuestos en la República Dominicana



La mejor política social del gobierno es crear las condiciones para un clima de negocios propicio a las inversiones privadas, sin privilegios ni excepciones a las reglas. El problema de la economía dominicana no radica en que las compras por internet por menos de US$200 no se les grava, sino que los costos de vivir y hacer negocios son elevado

En economía, un acto, un hábito, una institución o una ley da a luz no sólo un efecto, sino a una serie de efectos. De estos efectos, el primero es inmediato; se manifiesta simultáneamente con la causa –lo que se ve. Los demás se manifiestan en una sucesión de eventos –lo que no se ve. Frederic Bastiat, 1850.

Es un principio general que todo ser humano tiende a adquirir los bienes y servicios que demanda donde le sean más baratos. Y es lógico, porque la acción humana tiende a buscar mejorías en las condiciones de vida constantemente o por lo menos trata de eliminar las inconformidades. En este sentido, muchos residentes en la República Dominicana han encontrado un escape legítimo al alto costo de la vida al adquirir, cada vez más, bienes y servicios por internet. Parecería que las razones principales de comprar por internet son, en primer orden, menores precios de bienes y servicios; de seguro, la diversidad de productos juega un papel importante, aún sea secundario.

En la República Dominicana, las compras por internet por debajo de US$200 están exentas de impuestos, según el acuerdo comercial DR-CAFTA (por sus siglas en inglés). Sin embargo, diferentes asociaciones empresariales y empresarios particulares han sugerido que se imponga impuestos a esas transacciones por internet. Argumentan que esto representa una forma de reactivar las actividades económicas, creando más empleo en la economía dominicana. Sin embargo, en economía existen efectos secundarios de las políticas públicas que no se observan fácilmente; en la mayoría de los casos los efectos no son los deseados y se hacen evidente sólo a través del tiempo.

Al margen de los argumentos legales de un tratado internacional, en este artículo analizamos los efectos económicos de imponer impuestos a las compras por internet por debajo de US$200. Además, analizamos los factores que implican mayores precios de bienes y servicios en la economía dominicana. Finalmente, hacemos recomendaciones de políticas públicas, en sintonía con el mandato estatutario de CREES como centro de pensamiento e investigación económica.

Efectos económicos de impuestos a compras por internet

Los análisis económicos deben tomar en cuenta efectos secundarios de políticas públicas en lo inmediato y en el futuro más lejano; algunos que son más obvios que otros. Qué sucedería si se establecen impuestos a las compras por internet? En primera instancia, las personas y empresas que compran por internet tendrían que pagar mayores precios por los bienes y servicios que demandan. Los ahorros que obtienen en la actualidad por realizar sus compras por internet desaparecerían.

Los argumentos que se utilizan para imponer impuestos a las compras por internet por debajo de los US$200 no contemplan el impacto en la calidad de vida de los residentes en la República Dominicana que utilizan ese medio para adquirir bienes y servicios. Al tener que destinar más recursos por mayores precios creados por nuevos impuestos, los ingresos reales de las personas que compran por internet disminuyen. Los gravámenes que tendrían que pagarse si se imponen impuestos a las compras por internet son: aranceles que aplican a los productos importados más ITBIS. Es muy fácil determinar el perdedor si se impone el tributo, que son los consumidores que compran por internet. Pero este podría representar sólo el efecto más visible e inmediato

Al comprar por internet, se obtienen importantes ahorros por el diferencial de precios entre la economía dominicana y otras donde se compran por internet, principalmente EEUU. Parte de los ahorros que logran los consumidores al comprar por internet tienden a demandar bienes y servicios en el mercado local. Otra parte estaría aportando al ahorro privado, que se traduce en fondos prestables para proyectos de inversión, entre otros[1].

Si se instauran los impuestos a las compras por internet, uno de los efectos más importantes es que los ahorros que citamos ya no se destinarían a demandar bienes y servicios en la economía dominicana ni al ahorro que se traduce a inversión. Así, se demandarían menos bienes y servicios internamente y habría menos recursos disponible para la inversión. Esto tendría un impacto negativo sobre la actividad económica, el empleo y la generación de riquezas. Estos efectos secundarios no son tan obvios y más bien son efectos que sólo se hacen evidentes en el tiempo.

Aún cobrando impuestos a transacciones por internet debajo de US$200, es muy probable que se mantenga un diferencial de precios con el comercio local debido a que los costos de operar de uncourier son menores que los costos de una tienda o cadena comercial en plazas moderna o mall, más toda la estructura de inventario y la distribución interna. En consecuenacia, se mantendría el incentivo de comprar por internet, prinipalmente considerando la diversidad de productos a que se tiene acceso. De esta forma, la imposición de tributos a la compra por internet no provocaría el cambio de patrón de consumo del internet al comercio local.

En caso de gravar las compras por internet por debajo de doscientos dólares, los recursos que antes ahorraban los consumidores se estarían destinando a la adquisición de una canasta con menores bienes y servicios. El comercio local no tiene garantía alguna que los consumidores dejarían de comprar por internet, aún gravando esas transacciones. De ser así, tanto los consumidores como el comercio local se estarían perjudicando. Además, habrían menos fondos disponibles para la inversión que genera mayor produccion, empleos y riquezas. Quiere decir que no se estaría aprovechando al máximo recursos escasos que tendrían usos alternativos más productivos que comprar productos a mayores precios; por consiguiente, se asumiría un alto costo de oportunidad en la economía dominicana en su conjunto. Esto se traduce en mantener altos niveles de pobreza, estimada en 40% por el Banco Mundial

ALTOS COSTOS EN REP. DOM

El problema que enfrentan los comerciantes para competir con bienes importados son los altos costos en la economía dominicana; existen diversos factores que imponen mayores costos de vivir y hacer negocios. Uno de los elementos que introduce costos adicionales es la incertidumbre que generan reglas de juego que no se respetan ni se hacen respetar consistentemente, que no están claras y/o que cambian constantemente por diferentes motivos[2]. Instituciones débiles, corrupción e impunidad se combinan para generar incentivos perversos en el accionar humano en su rol de emprendedor que imponen mayores costos económicos.

Por un lado, el ambiente de negocios descrito genera incentivos para hacer negocios con quienes administran las reglas de juego. Desde hace tiempo, los negocios más lucrativos involucran alguna institución pública y/o personas que pueden acomodar las reglas a intereses específicos. Las inversiones no se dirigen a proyectos que producen bienes y servicios que demandan con más urgencia los consumidores y a menores costos posibles, sino que se desarrollan proyectos adaptados a intereses particulares con elevados costos. De esta forma, las decisiones pseudo-empresariales hacen que recursos escasos en la economía no se dirigen a los usos más productivos. Esto se traduce en menor aprovechamiento de los recursos escasos, limitando el potencial de generar riquezas y agregar valor en toda la cadena de la producción hasta el consumo final; más y mejores puestos de trabajos, mayores ingresos y consumidores satisfechos.

Por otro lado, la incertidumbre sobre el futuro que genera el ambiente de negocios descrito implica que el accionar humano se dirija más hacia el presente, adoptando una visión de más corto plazo. En consecuencia, los emprendedores requieren que el retorno de sus inversiones se realice en un período de tiempo más corto. Sin embargo, existen otros elementos más evidentes que imponen costos adicionales de hacer negocios. Algunos elementos que recargan la estructura de costos en la República Dominicana, los cuales son transversales a todos los sectores de la economía son:

1. Los precios de combustibles los establece el Estado en la República Dominicana y son 40-50% más elevados que en Centroamérica, México y Estados Unidos; los impuestos representan alrededor de 40% del precio final y los márgenes de beneficios de los participantes en el mercado de hidrocarburos son mayores que los países mencionados (los márgenes también los define el Estado).

2. El costo de transporte de cargas son más elevados que en otros países por un mercado oligopólico que impone precios fuera de mercado, amparados por el Estado, quien otorga exenciones fiscales al combustible de los transportistas, distorsionando aún más el mercado de hidrocarburos

3. El costo de energía eléctrica es más elevado que en la mayoría de los países de la región y entre los más altos del mundo, donde el Estado maneja gran parte del negocio; los subsidios y la autogeneración son costos que se añaden al alto precio que pagan los consumidores.

4. Altas cargas tributarias, con siete modificaciones al código tributario desde el 2000 que implicado mayores tasas de impuestos y mayor cantidad de figuras impositivas; se asume que mayor carga tributaria equivale a mayores recaudaciones para el Estado, lo que es un error.

5. El costo laboral no salarial es elevado como resultado de una legislación laboral con distorsiones y rigideces que imponen altos costos de hacer negocios e incentiva el empleo informal.

Estos son sólo algunos de los elementos que imponen mayores costos de vivir y hacer negocios en la República Dominicana, comparado con otros países. Análisis comparativos internacionales contenidos en informes que analizan las barreras y costos de invertir y producir en distintos países indican que la República Dominicana no está en una posición ventajosa.

El Índice de Competitividad Global 2013-2014 del Foro Económico Mundial y el Doing Business 2014del Banco Mundial, por ejemplo, resaltan barreras y obstáculos al clima de negocios en la República Dominicana. También, indican estructura de costos para hacer negocios más elevada que la mayoría de los países de ingresos medios y más elevada que todos los países de altos niveles de ingresos. En este sentido, estos índices señalan algunos elementos críticos donde el país tiene serias vulnerabilidades. El Ministerio de Economía ha iniciado un proyecto con apoyo del Grupo del Banco Mundial para reducir los obstáculos y costos de hacer negocios, basados en el Doing Busines. CREES apoya y ha participado de esta iniciativa, que debería adoptarse en todo el gobierno dominicano para mejorar el clima de negocios en la República Dominicana

En lugar de imponer impuestos a una vía de escape legítima con que cuentan los dominicanos para acceder a bienes y servicios más baratos, la sociedad dominicana debería estar discutiendo reformas estructurales que reduzcan el costo de vivir y hacer negocios en la República Dominicana. En última instancia, la realidad económica cambia bajo reglas de juego y políticas públicas que protejan la propiedad privada, promueva la competencia y exista igualdad de todos ante la ley. Respetar y hacer respetar las leyes y la Constitución por parte de los administradores de la cosa pública es crítico. Esto disminuye el riesgo de hacer negocios y, en consecuencia, el costo de emprender en el país.

Desde CREES, hemos indicado que existen diversos elementos que debe incluir un programa serio de reformas que cambien la realidad socio-económica de los que residen en la República Dominicana. Entre estos elementos hemos propuesto:

1. Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, preparada por CREES y FINJUS, introducida el último trimestre del 2013 en la Cámara de Diputados;

2. Reforma Fiscal Integral que simplifique sistema impositivo y reduzca tasas de impuestos;

3. Cambio de la estructura del mercado de energía eléctrica, involucrando al sector privado y manteniendo al sector público como regulador, según la Ley General de Electricidad;

4. Reformas al mercado de hidrocarburos para introducir mayor competencia, permitiendo que los márgenes de participantes y precios de combustibles se determinen en el mercado;

5. Introducir mayor competencia, eliminar privilegios irritantes en el mercado de transporte de cargas y permitir que los precios se determinen en el mercado y no por grupos oligopólicos bajo la sobrilla del Estado;

6. Introducir mayor participación de la sociedad civil en la provisión de servicios básicos, como educación y salud, manteniéndose el Estado como regulador y facilitador del financiamiento a esos servicios básicos dirigidos a los más necesitados;

7. Mejoramiento al sistema de la seguridad social para evitar costos adicionales y permitir que los fondos de pensiones puedan traducirse a la inversión y no se coloquen la mayoría de los fondos en títulos del Estado;

8. Reformas institucionales que involucren revisión de la burocracia estatal, su costo y efectividad en la provisión de los servicios de justicia, seguridad ciudadana y otros servicios públicos básicos que deben reforzarse.

Esta sería una primera aproximación de un programa de reformas que permita el progreso económico de los dominicanos por menores costos de vivir y hacer negocios, en adición a mayor productividad en la economía.

Conclusión

Las políticas públicas tienen repercusiones en toda la sociedad a través del tiempo. La propuesta de aplicar impuestos a las compras de internet tendría efectos nocivos a los consumidores y al comercio local. Además, habría menores recursos para la inversión que vienen del ahorro. En este sentido, la sociedad asumiría un alto costo de oportunidad al dedicar recursos que tendrían usos más productivos en la economía que destinarlos a comprar bienes a precios más elevados.

El problema de la economía dominicana no radica en que las compras por internet por menos de US$200 no se les grava, sino que los costos de vivir y hacer negocios son elevados. En consecuencia, lo que procedería sería aplicar un conjunto de políticas públicas que reduzcan los costos internos y faciliten las inversiones privadas, además de la producción de bienes y servicios a precios competitivos en términos internacionales. La mejor política social del gobierno es crear las condiciones para un clima de negocios propicio a las inversiones privadas, sin privilegios ni excepciones a las reglas. De esta forma se incrementaría la producción, se crean más y mejores puestos de trabajo y, finalmente, se genera un círculo virtuoso que incrementa la productividad y los ingresos de todos los dominicanos.


[1] Como nos dice la teoría económica, parte de los ingresos disponibles de los individuos se destina al consumo y otra parte al ahorro. Lo que no es posible determinarlos en específico porque cada individuo tiene una valoración subjetiva y niveles de satisfacción diferente de las diferentes combinaciones entre consumo y ahorro. Por otro lado, la teoría económica nos enseña que el ahorro tiende a traducirse a la inversión (teoría pura: S=I).

[2] Ver artículo de Miguel Collado Di Franco, Economista Senior de CREES, Política fiscal, impuestos e incertidumbre en República Dominicana.

Fuente: http://crees.org.do/es/

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